En las últimas tres décadas, tanto España como Portugal han experimentado una profunda transformación en lo que se refiere al tamaño y composición de los hogares. Entre 1991 y 2022, el tamaño medio del hogar disminuyó de 3,3 a 2,4 personas en España, y de 3,1 a 2,5 en Portugal. Este descenso, impulsado fundamentalmente por el aumento de los hogares unipersonales y de dos personas, ha sido el principal factor del crecimiento del número total de hogares.
Desde una perspectiva individual, se observa una modificación en las estructuras de convivencia por edad y sexo. Aumentan los años en los que se vive en solitario ‒sobre todo en edades avanzadas y en las mujeres‒, y se prolonga la estancia en el hogar parental debido al retraso en la emancipación juvenil. Disminuyen los años de convivencia con la pareja e hijos, así como todas las formas de vida en familia extensa. A su vez, aumentan las estructuras monoparentales durante la infancia y las convivencias en pareja y sin hijos.
En términos de países, no se observan diferencias significativas entre España y Portugal. Los dos comparten el mismo sistema de estructuras residenciales: una emancipación tardía de los jóvenes, un predominio de la familia nuclear en las edades centrales de la vida, y una vejez caracterizada por la vida en pareja o en solitario.
Por otro lado, teniendo en cuenta el peso creciente de la inmigración en ambos países, especialmente en España, los trabajos de investigación que se lleven a cabo en el futuro deberían abordar las diferencias entre la población autóctona y la inmigrada. Las estrategias residenciales de la población inmigrada pueden diferir de las de la población autóctona, además de ser heterogéneas en función del origen. También es probable que el peso desigual de la inmigración en cada país pueda explicar las escasas diferencias que se observan entre ambos países.
Estos cambios comportan implicaciones relevantes para las políticas públicas. El aumento de hogares unipersonales y la menor convivencia intergeneracional incrementan la demanda de vivienda, de servicios sociales y de apoyo económico, especialmente en la vejez. La menor presencia de estructuras familiares extensas reduce las redes informales de cuidados, lo que exige una mayor intervención del Estado en la provisión de servicios asistenciales. Además, el retraso en la emancipación juvenil plantea desafíos en el acceso a la vivienda y el empleo. Estos cambios también afectan a los patrones de consumo, al gasto público y a las dinámicas de socialización, revelando la necesidad de adaptar las políticas familiares, de vivienda y de protección social a una sociedad que presenta unas estructuras de convivencia más diversas y fragmentadas.